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Red Internacional

Jujuy. Tarifazo en la luz: el gobierno de Morales miente para ocultar su responsabilidad

Agosto llegó con fuertes subas en energía eléctrica, sin que impacte aún la quita de subsidios nacional. Ante el malestar generalizado, el gobierno provincial intenta ocultar que se trata de una suba autorizada por la SuSePu a pedido de EJESA. La izquierda llama a los gremios a enfrentar el tarifazo con un paro provincial en defensa del salario y el bolsillo del pueblo trabajador.

Verónica Valdez@valveritos

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Jueves 18 de agosto | 21:24

Agosto llegó con fuertes subas en el servicio de energía eléctrica en toda la provincia de Jujuy. Un nuevo golpe al bolsillo del pueblo trabajador en el marco de la creciente inflación que en el mes de julio alcanzó el 7,4 %, la más alta en 20 años.

Ante el malestar generalizado que se expresó en redes sociales, en concentraciones de usuarios ante EJESA que denuncian aumentos de hasta 400 %, el gobierno provincial intenta ocultar que se trata de una suba autorizada por la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SuSePu) a pedido de EJESA, con respuestas que no hacen más que subir la bronca.

El primero en ensayar una respuesta fue el Secretario de Energía, Mario Pizarro, quien aseguró que el aumento obedecía a que el gobierno provincial dejó de pagar un subsidio sobre el valor agregado de distribución. Luego el Procurador General, Federico Alcoba, señaló que los aumentos se debían al mal funcionamiento de los medidores.

Jubilados reclaman frente a Casa de Gobierno
Jubilados reclaman frente a Casa de Gobierno

Por su parte, el gobernador Gerardo Morales, aseguró que no se trata de “excesos” ya que “no supera el incremento salarial”. Lo dijo sin sonrojarse, tras haber otorgado un 19 % de aumento durante el primer semestre a las y los estatales, y un 20 % en dos cuotas hasta septiembre, mientras la inflación acumulada sólo en el primer semestre del año alcanzó 46,2 % en el país, y 42,7 % en Jujuy.

En un último intento por despegarse del antipopular tarifazo, el gobierno de Jujuy emitió un comunicado donde informa “a la comunidad jujeña, que los aumentos que impactaron en las boletas correspondientes al servicio de energía eléctrica en Jujuy, son resultado de decisiones adoptadas por el Gobierno de la Nación, en el marco de un ajuste tarifario decidido en Buenos Aires”.

Lo cierto es que fue el propio gobierno provincial, a través de la SuSePu, quien autorizó el tarifazo en la energía eléctrica a pedido de EJESA. Así lo denunció Alicia Chalabe, representante de CODELCO, a medios locales: “Escuchamos las respuestas que dan los distintos funcionarios, y los invitamos a leer la resolución 182 que establece aumentos que van de la categoría más baja, del 42%, al 2.500%”, desmintiendo a funcionarios del gobierno.

Efectivamente, el 28 de junio pasado, la SuSePu emitió la resolución 182, en la que autoriza un nuevo cuadro tarifario, respondiendo afirmativamente al pedido empresario y desestimando el rechazo por parte de organizaciones de defensa al consumidor presentadas en audiencia pública en el mes de mayo.

Se trata de un durísimo golpe al pueblo trabajador para beneficiar a EJESA, antes que rija el tarifazo nacional anunciado por el superministro Sergio Massa, en la provincia donde los salarios en el sector público y privado son un 20 % más bajos que en el resto del país, lo que lleva a que uno de cada tres trabajadores con empleo busquen otro porque la plata no alcanza, y donde el gobierno de Morales ha hecho del ajuste sistemático sobre estatales el secreto del superávit fiscal del que el gobernador se vanagloria en sus apariciones nacionales en el marco de sus aspiraciones a presidenciable.

El contraste entre los beneficios otorgados a las empresas que lucran con servicios públicos, y las condiciones de vida del pueblo trabajador no puede ser mayor. Y esto ocurre a pesar de que está en funcionamiento el Parque Solar Cauchari, propiedad del Estado, cuya producción alcanza para cubrir el 75 % de la energía consumida en la provincia.

En lugar de utilizar la producción de Cauchari para abaratar el servicio, el gobierno vende la energía que se produce al mercado mayorista, y destina los recursos a pagar la deuda usuraria que generó para la construcción del parque solar.

Ante esta situación, el obrero de la recolección y diputado nacional por PTS en el Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, señaló “el gobierno de Morales castiga a las y los trabajadores con paritarias muy por detrás de la inflación, y premia a las empresas con tarifazos como en el caso de la energía, exención de impuestos por diez años como en el caso del Grupo Budeguer propietario de La Esperanza. Como denuncian las y los trabajadores autoconvocados de la salud en sus manifestaciones, la situación del pueblo trabajador en la provincia se hace insostenible. Ya es hora de que los gremios, en su mayoría dirigidos por el PJ, rompan su subordinación al gobierno y convoquen a medidas de fuerza junto a las organizaciones sociales. Es necesario construir un gran paro provincial para anular el tarifazo, en defensa del salario y las condiciones de vida del pueblo trabajador”.

“Hay una pelea de fondo”, agregó el diputado y explicó que para reorganizar el sistema energético en función de las necesidades sociales “es necesario estatizar EJESA y, junto a Cauchari, crear una empresa estatal que unifique la producción y distribución de energía, con precios accesibles, controlada por trabajadores y usuarios”.




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