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Red Internacional

Criminalización. Contra los ataques a las organizaciones sociales: se necesita una respuesta masiva y unitaria

En las últimas horas hubo allanamientos en locales de distintos movimientos en la Jujuy de Gerardo Morales. La CCC denuncia otro ataque de parte de la justicia federal en La Matanza. Se suman a las causas impulsadas por el fiscal Marijuan. A los ataques de Juntos por el Cambio y Milei se sumó el discurso de Cristina Kirchner y envalentonaron a “corporación judicial”.

Miércoles 6 de julio | 12:16

Este miércoles se sucedieron una serie de allanamientos en locales de organizaciones sociales. En Jujuy fueron los locales del FOL, del MTR 12 de abril, del FPDS, del Movimiento Evita y el MTE, entre otras organizaciones, fueron allanados en Alto Comedero por fuerzas policiales del gobierno de Gerardo Morales (Juntos por el Cambio). Las acusaciones son brutales. Acusan a las organizaciones de actuar “bajo un esquema de organización delictiva (asociación ilícita), con una división de roles dentro de la misma banda y dividiéndose las tareas relacionadas con la empresa delictiva”. Aplican esa figura penal a organizaciones sociales con años de trayectoria, ampliamente reconocidas, con lo cual se ve claramente que se trata de una criminalización de la pobreza para buscar soluciones policiales a un drama social. El operativo incluyó tareas de inteligencia sobre un comedor y su militancia. También estuvo presedido por presiones de las cámaras patronales.

El mismo miércoles, se produjeron allanamientos en locales de la CCC (Corriente Clasista y Combativa), una de las organizaciones sociales alineadas con el Frente de Todos en este caso. En un comunicado denuncian que “los allanamientos (fueron) ordenados por el Juzgado Federal N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence” y que el origen es “una causa armada durante el gobierno de Macri en 2019 que ha sido reactivada por ese juzgado”.

Hace pocos días, habíamos visto otro capítulo de esa avanzada. Guillermo Marijuan, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, denunció al legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano, y al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de amenaza y extorsión.

No hay dudas. Estamos ante una avanzada criminalizadora contra las organizaciones sociales. Hay que repudiarla y exigir que se termine inmediatamente, convocando lo antes posible a acciones unitarias que muestren que estos ataques no pasarán. En un país con 17 millones de pobres, con una crisis económica y social que no para de profundizarse, atacan a las organizaciones que representan a los sectores más castigados del pueblo trabajador, tanto a quienes se movilizan con el movimiento piquetero opositor, como a quienes adhieren al Frente de Todos.

Desde La Izquierda Diario y el PTS en el Frente de Izquierda, con sus diputados y diputadas, ya se han puesto a disposición de todas las acciones que impulsen las organizaciones perseguidas. Hay que dar una respuesta urgente, masiva y unitaria, sino la derecha, la corporación judicial y el punterismo pejotista se seguirán envalentonando. Eso incluye la exigencia a la CGT y la CTA que se sumen al repudio.

La marcha del sábado 9 de julio tiene como una de sus principales consignas los reclamos de los movimientos sociales y un repudio a la criminalización. Ese jornada se tiene que transformar en un pronunciamiento nacional contra estos ataques.

Un discurso que envalentonó a la derecha y la corpo judicial

Hay que decir algo más. Esto se da tras una campaña mediática contra los movimientos sociales que va desde el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, distintos referentes de Juntos por el Cambio, los liberfachos Milei y Espert y a la que se sumó en las últimas semanas Cristina Kirchner en acto en el que atacó duramente a los movimientos sociales. El salto en estos ataques se dio luego del discurso de la vicepresidenta en un acto de la CTA. Ese día aprovechó la tribuna para hacer un duro ataque a los movimientos y su trabajo social. “Es el Estado el que debe tener el monopolio” dijo, y luego comparó con la función de la Policía que "no se puede tercerizar". Fue un discurso que buscó estigmatizar a las organizaciones sociales y generó el repudió no solo de las que son independientes del gobierno, sino de quienes comulgan con él. Pocos días después se mostró con el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, promocionando un proyecto para ligar planes sociales a intendencias, bajo un modelo de trabajo precario y sueldos bajos. Es lo que ya hacen en cientos de municipios de todo color político.

Hoy es evidente que el mensaje de la presidenta no cayó en saco roto. Muchos lo interpretaron como una habilitación para retomar su campaña de criminalización de la protesta. En ese marco hay que entender el envalentonamiento de Gerardo Morales, famoso por sus ataques a las organizaciones sociales de su provincia. O las causas impulsadas desde la “corporación judicial”, empezando por la justicia federal. ¿Si eso no es hacerle el juego a la derecha, qué es?

Hay que repudiar esta nueva campaña criminalizadora, así como todo ataque a las organizaciones sociales, de trabajadores y trabajadoras desocupadas e informales, que tienen el objetivo de amedrentar cualquier tipo de resistencia al ajuste y canalizarlos vía el punterismo estatal.




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